Deléitese con los delitos que rodean a Oscar Arias, agresor de Venezuela



Publicado: 11/01/2017 03:51 PM

Aunque pretende tener cara de santurrón desde que le regalaron el Premio Nobel de la Paz en 1987, el metiche Oscar Arias es en verdad lo que en buen criollo llamamos "un gallo tapao”. Mucho premio, mucho expresidente de Costa Rica, muy economista pero también muy encochinado con denuncias que hicieron engordar las sospechas sobre su aparente rectilínea ciudadanía.

Como buen agente del imperialismo, es amante de meterse en las cosas internas de Venezuela, pero ello no es suficiente para ocultar la existencia tras de sí existe un expediente que lo pone a nivel de los mafiosos más detestables de la región y tal vez del continente.

Como buen burgués que es, no escatima esfuerzos para hacerse de riquezas a costa de lo que sea, aunque para desgracia suya no todas las cuatrerías siempre resulten a favor de sus intereses. Por eso en 2006, emergió que una empresa de su copropiedad estaba hasta el cuello en delitos ecológicos.

Se trata de Taboga, una firma acusada entonces de incurrir en daños y contaminación ambiental luego de participar en el incendio de cañaverales. El ingenio es el mayor productor de azúcar del país centroamericano, y fue pillado por la Asociación Confraternidad Guanacasteca.

Casualmente, el mismo año, Arias se vio envuelto en otros señalamientos nada blandos. Un sindicato del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) denunció que el señorito estaba vinculado con negociones en los que asimismo aparecían otros par de rufianes: el mexicano Carlos Slim y el expresidente del gobierno español, Felipe González, alcahueta de Leopoldo López (el mosnstruo de Ramo Verde). Entre los tres pretendían meterle mano al servicio de las telecomunicaciones, bajo el ropaje de la privatización del servicio a propósito de los planes de libre comercio entre Centroamérica y Estados Unidos.

Los desatinos lo salpicaron en otras ocasiones, incluyendo el año 2009, cuando diputados del Movimiento Libertario precisaron que ahora en su calidad de Presidente por segunda vez puso en jaque lo que en Costa Rica denominan “deber de probidad”.

Ante la Procuraduría de la Ética Pública, pidieron investigar si el señalado estaba envuelto en un conflicto de intereses, por vetar un proyecto de ley que cedía la calle 13 bis de San José a un grupo de artesanos, calle en la que él tenía planeado construir un edificio para la Fundación Arias para la Paz, de su obvia pertenencia y fundada un año después de recibir el  Nobel.

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