Ley para la Protección Activos en el Extranjero para detener a los piratas

Publicado: 09/06/2023 06:40 PM

¡Nos robaron sin pistola! Los venezolanos hemos visto como nos han robado a lo largo de la historia y en los últimos años, el gobierno gringo nos robó CITGO, su par colombiano bajo la anuencia del expresidente Iván Duque, nos robó Monómeros y el inglés nos robó el oro además de retenernos al menos 30 mil millones de dólares. Todo esto por las penalizaciones impuestas por el gobierno de EEUU desde 2014.

Las medidas unilaterales han servido como excusa para desangrar los bienes y activos de la nación ubicados en el extranjero, amparadas por el reconocimiento de algunos países a las actuaciones de la oposición y su autoproclamado Juan Guaidó.

Ante este desfalco, un grupo de juristas venezolanos diseñó la Ley para la Protección Activos, Derechos e Intereses de la República y sus Entidades en el Extranjero, que pretende salvaguardar los bienes de la nación en cualquier parte del mundo y sancionar penalmente a los ciudadanos nacionales que participen en el saqueo del Estado.

Es una ley que no tiene precedentes en la historia del derecho internacional, ya que jamás se pensó que algún país utilizara la figura de sanciones para robar, usar, administrar o disponer que los recursos de otro país en su territorio; algo tan grave como la incursión en una Embajada.

Esta nueva norma viene además a complementar la recién promulgada Ley Orgánica de Extinción de Dominio, debido a que va dirigida a los activos, derechos e intereses en el extranjero que pertenezcan a la República Bolivariana de Venezuela, independientemente del lugar donde se encuentren ubicados y del nivel de participación accionaria de la República en ellos.  

Fue presentada por el diputado Diosdado Cabello, fue aprobada por la Asamblea Nacional (AN) y promulgada por el presidente Nicolás Maduro el pasado 22 de los corrientes y detalla en su primer artículo que “tiene por objeto proteger los activos, derechos e intereses en el extranjero, pertenecientes a la República Bolivariana de Venezuela y sus entidades frente a cualquier actuación o acto jurídico celebrado o ejecutado por personas o entidades que se atribuyan o pretendan atribuirse ilegítimamente su representación, en virtud de medidas coercitivas unilaterales u otras medidas de carácter punitivo o restrictivo impuestas contra el país, así como, con ocasión de actos jurídicos no imputables a la República o sus entidades, por la ausencia de la capacidad jurídica conforme al derecho venezolano de quienes los celebren o ejecuten”.

¿Otra Ley? ¿Para qué?

El Gobierno venezolano debe proteger el patrimonio del Pueblo por encima de cualquier intento o acción de despojo, protagonizada desde el extranjero, con o sin la participación de personas o entidades venezolanas. Busca de esta manera proteger los derechos humanos de los venezolanos frente a las consecuencias de las sanciones y otras medidas restrictivas, ilegales e ilegítimamente adoptadas contra de nuestro país en una clara violación del derecho internacional.

Desde el 2014 el Pueblo venezolano ha sido víctima de 930 sanciones emitidas por el gobierno de EEUU que han llevado al robo de nuestras empresa en el extranjero, como CITGO y Monómeros no sucedan; además de la retención de al menos 30 mil millones de dólares en bancos europeos y 31 toneladas de oro venezolano en Inglaterra.

Con esta nueva ley se desconoce de manera absoluta cualquier actuación o acto jurídico realizado por personas o entidades que se atribuyan o pretendan atribuirse ilegítimamente la representación de nuestro país, así como cualquier capacidad de negociación no otorgada de acuerdo al derecho venezolano. 

Un ejemplo de lo que se quiere evitar

En el año 2020, en plena crisis y pandemia, los lingotes de oro venezolano, valorados en 1 mil millones de dólares, que están en las bóvedas del Banco de Inglaterra y pertenecen a nuestro país, el gobierno venezolano solicitó su venta para usar los fondos en la compra de insumos y medicamentos en el combate contra la propagación del coronavirus, y la entidad financiera rechazó el pedido.

Autoridades de la entidad bancaria inglesa argumentaron que la directiva del Banco Central de Venezuela (BCV) responde al gobierno del presidente Nicolás Maduro y mantiene sus dudas sobre la autoridad de esa directiva, objetando que Reino Unido reconocía como gobierno legítimo al opositor Juan Guaidó.

En ese momento, ante tal acto de abuso, la vicepresidenta Delcy Rodríguez declaró que "ese oro es de todo el pueblo venezolano, es del país, y el BCV ha demandado que esos recursos serán utilizados a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para atender la pandemia en Venezuela".

Una acción nunca vista en la historia de las relaciones internacionales, que un Banco Central una vez que tiene una reserva de oro, decida quedársela o no devolvérsela a su legítimo dueño, a no ser que se estén incumpliendo alguna de las condiciones establecidas en el contrato, establecido con el gobierno bolivariano. Los acuerdos internacionales en esta materia no establecen que un gobierno receptor bajo ninguna situación, frene el acceso a los recursos de otro país custodiados en su banco.

Durante décadas, nuestra nación ha almacenado oro que forma parte de sus reservas del Banco Central en bancos extranjeros, tanto en Europa como en EEUU, una estrategia que siguen otras muchas naciones.

Con la intención de que nuevos episodios como ese, nunca vuelvan a repetirse, el Gobierno venezolano está en el deber de diseñar todas las herramientas que le permita frenar cualquier actuación, negociación, oferta, acuerdo, compromiso o acto de administración o disposición en torno a cualquier activo, derecho o interés de la República o sus entidades, por parte de personas que usurpen o se atribuyan la representación de nuestro país, en violación a lo previsto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la Ley.