¿Son ONG o partidos políticos? (1)

Publicado: 23/02/2024 05:00 PM

Hemos observado, al revisar los medios de comunicación, que en nuestro país existen ciertas Organizaciones No Gubernamentales (ONG) con un interés manifiesto por participar en la dinámica política interna, al comportarse como actores que generan matrices de opinión con la finalidad de desacreditar las actuaciones del Gobierno Nacional.

Dentro de la investigación que realizamos, pudimos encontrar suficientes coincidencias entre algunas ONG y la Coordinadora Democrática (CD) primero, y la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) posteriormente, desde los planteamientos realizados durante las coyunturas del paro-sabotaje petrolero y el golpe de Estado de 2002: En primer lugar, el documento presentado por la CD llamado “Bases para un Acuerdo Democrático” caracterizó la situación política en el 2002 como de emergencia nacional y en base a ello convocaron a un acuerdo nacional para salir del Gobierno Constitucional de Hugo Chávez Frías.

Desde el medio de comunicación Globovisión, en una rueda de prensa realizada el 02 de diciembre de 2002, Carlos Ortega, representando al gremio de trabajadores y Carlos Fernández, como directivo de Petróleos de Venezuela (PDVSA), unidos en la vocería de la CD, declararon que “existía en el país un cuadro de ingobernabilidad e incapacidad del Gobierno para lograr un entendimiento con el sector empresarial y laboral a través de sus representaciones gremiales, convocamos a la sociedad civil organizada y a los partidos políticos para que juntos emprendamos las iniciativas que permitan unir al país, rescatar las instituciones, restablecer el diálogo social y adoptar las medidas pertinentes para progresar en paz y democracia”.

Ante ésta declaración, el respaldo de las ONG a ese planteamiento fue inmediato: Respondieron a esa convocatoria de FEDECÁMARAS y la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) al paro nacional, luego, durante el Golpe de Estado las ONG Ciudadanía Activa y CEDICE, junto a otras como Gente del Petróleo, Transparencia Internacional, CONVIVE, Instituto Prensa y Sociedad, Queremos Elegir, avalaron el documento presentado y firmaron el Decreto de Carmona, que abolía la Constitución de 1999 y obligaba a la destitución de las autoridades que estaban al frente de todos  los poderes.

Más adelante, en segundo lugar y de acuerdo a la investigación realizada por la socióloga Gladys Rojas, llamada  “Metamorfosis de las ONG: El papel sociopolítico de las ONG en la República Bolivariana de Venezuela durante el período 1999-2014” en la Escuela de Gerencia Social del Ministerio del Poder Popular de Planificación analizó que “como cosa de la pura casualidad, los Lineamientos del Programa de Gobierno de la Mesa la de Unidad Democrática (MUD) en el año 2008, coincidieron plenamente con los ámbitos y líneas de trabajo de las ONG opositoras creadas durante los 14 años de gobierno del presidente Hugo Chávez Frías”.

Entre las ONG registradas en la base de datos construida en el marco de la investigación de la socióloga Rojas, una parte de esas organizaciones han participado en distintas campañas de descrédito contra el Gobierno Bolivariano en las diversas coyunturas de desestabilización política generadas en el país entre los años 1999 y 2024.

Para demostrarlo, la investigadora Rojas caracterizó las principales similitudes que tienen las ONG que actúan como sujetos políticos:

• · Un grupo de ellas cuenta con presencia en todas las entidades del país, lo que les permite actuar como movimiento de opinión y acción política a nivel nacional.
• ·    Han fortalecido su organización como sujetos políticos utilizando la figura de alianzas, redes y coaliciones bajo un complejo entramado de estructuras organizativas y relaciones que se ajustan a los intereses de las ONG nacionales con los imperiales.
• ·  Sus voceros hacen pronunciamientos, denuncias públicas y suscriben documentos que son enviados a órganos de los diferentes poderes públicos del país y organizaciones del sistema internacional de derechos humanos.
• ·   Además, organizan y realizan movilizaciones de denuncias y protestas contra la gestión de organismos públicos en áreas de políticas públicas como: derechos humanos, salud, derechos socio laborales, inflación, libertad de prensa, libertad de expresión, derecho a la información, problemática penitenciaria, entre otras.

Es por ello, que al revisar el pasado reciente, vemos su participación activa en diferentes coyunturas políticas como por ejemplo el o paro sabotaje petrolero y golpe de Estado 2002–2003; el Referéndum Revocatorio contra el Presidente Hugo Chávez en 2004; la campaña contra la Reforma Constitucional en 2007, en la que fijaron posición por cuenta propia o suscribiendo documentos de otras organizaciones a favor de las coaliciones políticas de los sectores opositores al Gobierno Bolivariano.

De hecho, si hacemos una cronología de las acciones desestabilizadoras y las ONG participantes, tenemos lo siguiente:

• ·    Paro petrolero 2000 (Ciudadanía Activa y Gente del Petróleo)
• · Golpe de Estado en el 2002 (Convive, Transparencia Internacional, Instituto Prensa y Sociedad, Queremos Elegir, Ciudadanía Activa y Cedice).
• ·   Referéndum Revocatorio contra el Presidente Hugo Chávez en 2004 (Ciudadanía Activa, Súmate y Control Ciudadano).
• ·    Campaña por la Reforma Constitucional en 2007 (Ciudadanía Activa y Súmate)
• ·    Acciones desestabilizadoras o guarimbas durante los años 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023 (Foro Penal Venezolano, PROVEA y Control Ciudadano).  

Al resumir lo planteado, del análisis de las coincidencias de los argumentos de las ONG con los postulados de la MUD, resaltamos los siguientes aspectos:

• Lo primero que debemos señalar es la participación protagónica de una parte significativa de representantes directos de esas organizaciones en el equipo redactor de los “Lineamientos del Programa de Gobierno de Unidad Nacional.”
• Y lo segundo, es que la participación de estos representantes de las ONG, no es en calidad de invitados o prestadores de servicios, sino de militantes y proponentes activos de la MUD, que en el marco de ese nuevo consenso de la derecha, pretenden ser recompensados con la designación de cargos en las instituciones públicas del área social y de una gruesa porción del presupuesto público.

En definitiva, no cabe duda que existe la necesidad imperiosa de legislar sobre este tipo de organizaciones,  como se hace en el resto del mundo, para encausar y retomar los objetivos que plantean en sus cartas de presentación.

AMELYREN BASABE/ REDACCIÓN MAZO