Así salió trasquilado el empleado de Provea cuando denunció a la Gmvv ante la Cidh
Publicado: 09/12/2016 04:30 PM
Rafael Uzcátegui, coordinador general de Provea, fue por lana a Panamá (a la reunión de la Comisión Internacional de Derechos Humanos) y salió trasquilado, pues llevó el caso de la Gran Misión Vivienda Venezuela (Gmvv) ante la instancia internacional, por una presunta violación del derecho a la vivienda por parte del Gobierno Nacional, sin presentar argumentos sólidos.
Entre sus planteamientos estaban la falta de información en las políticas de vivienda y contradicciones en las cifras sobre su ejecución. Ante ello, el viceministro de Hábitat y Desarrollo Urbano, Hildemaro Villarroel, en representación de la Revolución Bolivariana, indicó que todos los martes y jueves se hace una transmisión especial en radio y televisión para indicar los avances de la Gran Misión en cuanto a entrega de nuevos hogares y presupuestos aprobados para continuar la construcción, lo que desmonta la matriz de que no existe claridad en cuanto a la cifra de viviendas construidas.
Asimismo, el empleado de Provea afirmó que según cifras del Banco Central de Venezuela (BCV) no se refleja un incremento visible en el sector construcción, tesis que Villarroel refutó diciendo que hoy en día los logros comprobables de la Misión son "parte del relieve urbano", ya que es imposible que algún ciudadano desde cualquier rincón del país no se haya topado con algún urbanismo construidos por la Gmvv, lo que ratifica que el proyecto no se queda solo en las maquetas.
Del mismo modo, Uzcátegui señaló que existe un déficit en los materiales e insumos de construcción, sin embargo, parece desconocer que el Gobierno revolucionario adquirió una gran cantidad de bienes de construcción en el 2014, especialmente en el sector acero como parte del Convenio China-Venezuela, que aun se encuentra disponible para la edificación de la Gmvv. Igualmente el cemento se obtiene a través de la Corporación Socialista de Cemento que produce 4 millones 700 mil toneladas, de acuerdo con la explicación del viceministro.
En ese mismo orden de ideas, desde Provea argumentaron que los títulos de propiedad de las viviendas no se han distribuido a la totalidad de las familias beneficiarias, no obstante, el responsable de Hábitat y Desarrollo Urbano detalló que por respeto a la propiedad privada de los terrenos no se han ejecutado con la velocidad deseada, ya que "cerca del 50% son terrenos privados", lo que implica que el proceso de negociación y pago del terreno tarda un promedio de dos años y hasta tanto no se legalice la situación de esa tierra no se pueden otorgar los títulos de propiedad.
Finalmente, expusieron la ilógica tesis de presuntos desahucios a familias que residen en la Gmvv, como consecuencia de las OLP, lo que contradice totalmente sus anteriores argumentos, pues ¿cómo se le podría quitar la vivienda a alguien si esta no se ha construido y tampoco posee un título de propiedad?