DDHH en Venezuela: derrotando mentiras mediáticas y organismos supeditados al imperialismo

Publicado: 15/02/2024 08:00 PM

En medio de las múltiples agresiones de las que ha sido victima el Pueblo venezolano, como la imposición de medidas coercitivas unilaterales por parte de Estados Unidos y sus aliados, el Gobierno Bolivariano ha sumado esfuerzos y desarrollado políticas para garantizar la estabilidad integral de todos y todas.

Los ataques contra la economía vienen acompañados por campañas de desprestigio contra el Estado venezolano para intentar justificarse, mientras la resistencia y el trabajo conjunto entre Pueblo y Gobierno hacen frente para superar las adversidades y desmontar cada una de las mentiras imperiales.

Uno de los flancos de agresión por parte de la extrema derecha nacional e internacional han sido los derechos humanos (DDHH), que han intentado instrumentalizar para cuestionar las acciones de la justicia venezolana contra las conspiraciones y planes terroristas que intentan derrocar el Gobierno del presidente Nicolás Maduro.

La defensa del terrorismo

Alineado con los intereses del imperialismo norteamericano, recientemente el alto comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los DDHH, Volker Türk, salió en defensa de la conspiradora Rocío San Miguel, detenida y acusada por su vinculación en el plan magnicida “Brazalete Blanco”, dirigido a asesinar al jefe de Estado y otras altas autoridades del Gobierno Bolivariano.

En este sentido, el ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Yván Gil, anunció este jueves la decisión de suspender las actividades de la Oficina Técnica de Asesoría del Alto Comisionado de la ONU para los DDHH que funciona en Caracas y solicitó la salida del país a los funcionarios de esta instancia en las próximas 72 horas.

A través de un comunicado oficial leído por el Canciller durante una rueda de prensa, el Gobierno Bolivariano destaca que la decisión responde “al impropio papel que esta institución ha desarrollado, que lejos de mostrarla como un ente imparcial la ha llevado a convertirse en el bufete particular de los grupos golpistas y terroristas que permanentemente se confabulan contra el país”.

Sin embargo, aseguró que, “independientemente de esta acción que estamos tomando, nosotros mantenemos todos nuestros compromisos en materia de derechos humanos; es una decisión administrativa que suspende la colaboración y el funcionamiento de esta oficina, porque se ha desviado de su de mandato”.

Recordó que esta instancia fue creada para colaborar técnicamente con el Estado venezolano “para optimizar toda la materia de protección de derechos humanos en el país y mostrar al mundo el apego del Gobierno Bolivariano, pero se ha instrumentalizado para ser una caja de resonancia de la oposición de extrema derecha venezolana”.

El diplomático acotó que el Estado venezolano ha desmantelado ya cinco conspiraciones dirigidas a atentar contra la vida de Maduro, algunos de sus ministros y gobernadores electos popularmente.

“¿Será que el Presidente de la República, los ministros, los gobernadores no tienen derecho a la vida, no tienen derechos humanos? No hemos visto ninguna declaración, ni la más tímida de la oficina en Caracas y no se diga de la Oficina del Alto Comisionado condenando o manifestando su preocupación por que grupos violentos traten de generar o traten de asesinar al primer mandatario”, fustigó.

Respeto a los DDHH y el daño de las “sanciones”

Hasta el miércoles 14 de febrero, estuvo en Venezuela durante dos semanas el relator especial de la ONU sobre el Derecho a la Alimentación, Michael Fakhri, quien constató de primera mano lo "crueles y despiadadas" que son las medidas coercitivas unilaterales impuestas, mal llamadas “sanciones”, de Occidente contra la nación suramericana.

En particular, detalló que vio con sus propios ojos cómo las medidas coercitivas limitan las oportunidades financieras y afectan a la población más vulnerable, pero el Gobierno Bolivariano avanza en políticas para superar estas herramientas criminales, pasando de una afectación casi total del sistema agroalimentario a tener hoy una Venezuela de pleno abastecimiento, de pleno acceso a los alimentos para el Pueblo.

En 25 años de Revolución, Venezuela tiene la capacidad de exhibir todos los logros para garantizar el acceso a la alimentación, un derecho humano fundamental que han agredido los factores imperiales bajo el silencio cómplice de la comunidad internacional.

Durante su comparecencia de este jueves ante los medios de comunicación, el Canciller resaltó los logros de la Ejecutivo para garantizar el respeto de los DDHH en el país para toda la población, mientras que durante los gobiernos de la cuarta República los venezolanos fueron “víctima de una violación constante y ningún país de estos que hoy vociferan y salen en defensa de instancias golpistas, terroristas, apoyó al pueblo de Venezuela”.

Refirió que la movilización consciente fue la que logró el resultado actual en la materia, como lo es la Constitución de la República, “profundamente inspirada en los valores de defensa de los derechos humanos, unas leyes que protegen los derechos civiles, políticos y humanos de todos los ciudadanos y ciudadanas de Venezuela”.

Gil manifestó que Venezuela ha avanzado “en la consolidación de unas leyes y una protección integral de los derechos del pueblo, del derecho a vivir en paz, del derecho a vivir con tranquilidad, el derecho a vivir con prosperidad”, por lo que los factores de la derecha y el imperialismo comenzaron “a instrumentalizar los derechos humanos precisamente en contra de estas políticas de protección del pueblo y desde el año 1999, el tema de los derechos humanos ha sido útil para desarrollar campañas en contra del Gobierno Bolivariano”, denunció.

Pese a esto, afirmó, Venezuela es uno de los países de América Latina que “estrictamente respeta todo lo que tiene que ver con la Declaración Universal de los Derechos Humanos”, por lo que se inició en 2019 la “colaboración con la Oficina del Alto Comisionado, que instaló en Caracas una representación que el día de hoy cuenta con 13 funcionarios”, a los que, hasta la suspensión de actividades, se le brindó “la mayor de las colaboraciones, acceso a instancias del Poder Público, a los cuerpos de seguridad del Estado, a la justicia, a la Fiscalía, sin restricciones de ningún tipo, porque en Venezuela no tenemos nada que ocultar (…) estamos orgullosos de cómo tratamos el tema de los derechos humanos y cómo los protegemos”.

REDACCIÓN MAZO