Día Mundial del Acceso a la Información Pública: En Venezuela es un derecho constitucional

El 28 de septiembre de 2002, organizaciones no gubernamentales y colectivos organizados a escala internacional pusieron sobre la mesa los obstáculos que las administraciones públicas de sus respectivos países les imponían para acceder a la información pública, y acordaron identificar estrategias coordinadas de presión y sensibilización para lograr que este derecho se reconociera y fortaleciera en el mundo, especialmente donde no existen suficientes garantías.

A 19 años de este debate realizado en Sofía, capital de Bulgaria, se celebra el Día Mundial del Acceso a la Información Pública, también conocido como Día Mundial del Derecho a Saber. Esta iniciativa se basa en que toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información, administrada o en poder de las instituciones públicas.

En Venezuela, este derecho se ampara en la Constitución Nacional, la cual expresa en su artículo 28:

“Toda persona tiene el derecho de acceder a la información y a los datos que sobre sí misma o sobre sus bienes consten en registros oficiales o privados, con las excepciones que establezca la ley, así como de conocer el uso que se haga de los mismos y su finalidad, y de solicitar ante el tribunal competente la actualización, la rectificación o la destrucción de aquellos, si fuesen erróneos o afectasen ilegítimamente sus derechos”.

Asimismo, agrega que cualquier persona “podrá acceder a documentos de cualquier naturaleza que contengan información cuyo conocimiento sea de interés para comunidades o grupos de personas. Queda a salvo el secreto de las fuentes de información periodística y de otras profesiones que determine la ley”. Bajo esta misiva constitucional, la Ley de Infogobierno promueve el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en el Poder Público y el Poder Popular, con el fin de garantizar el acceso de las personas a la información pública, facilitando al máximo la contraloría de sus acciones como requisito esencial de un Estado democrático y social de derecho y de justicia.

El Gobierno Nacional mantiene su compromiso de garantizar una gestión pública transparente y eficiente al servicio del pueblo, con aplicación de nuevas TIC en todas las áreas de competencia pública, el desarrollo de sistemas para la gestión de trámites administrativos y la creación de aplicaciones web, entre otros instrumentos tecnológicos, que rompen con los procesos burocráticos, promueven la transparencia de las instituciones y fomentan la participación ciudadana en la toma de decisiones.