Indígenas acusan al ejército de Colombia de justificar masacres mediante nuevos falsos positivos

La Coordinación de Derechos Humanos de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC) solicitó hoy al Ejército cesar inmediatamente el homicidio a través de la modalidad de "falsos positivos".

Así lo refirió el portal Prensa Latina, el cual hizo referencia al caso de la población civil del municipio de Leguízamo en el departamento de Putumayo, y en especial en contra de la población indígena y sus autoridades.

La OPIAC  a través de un comunicado, denunció  que en esos últimos días el Ejército Nacional  de la naión neogranadina "masacró a nueve personas", mientras  mantiene retenidas ilegalmente a otras cuatro.

"Pero, además de la masacre y del secuestro de civiles, advertimos la gravedad de que una de las víctimas de Estado es un Gobernador en ejercicio de un pueblo indígena", añadió la Coordinación en un comunicado.

Aseguró que esos hechos constituyen un daño colectivo, pues al atentar contra una autoridad, toda la comunidad se ve afectada, se rompe el tejido social, se debilitan las estructuras sociales, se atenta contra la autonomía.

Ayer lunes, según el ministro de Defensa, Diego Molano, en operaciones de la fuerza pública, se logró la neutralización de 11 integrantes de disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y la captura de cuatro criminales más en Puerto Leguízamo.

La organización indígena asegura que se trata de miembros de la población asesinados y presentados como disidentes pertenecientes a un grupo armado.

Por tal motivo, pide al Ministerio de Defensa que se retracte de sus declaraciones y aclare que las personas asesinadas por el Ejército Nacional no eran guerrilleros sino población civil.

También demanda a la Fiscalía General de la Nación que investigue las condiciones reales en las que ocurrió la masacre perpetrada por el Ejército Nacional.

De igual forma, la OPIAC reclama a la policía judicial que garantice una investigación objetiva y garante del derecho, que proteja la cadena de custodia y no se permita la alteración de la escena.

Exige a la Procuraduría General de la Nación que haga uso del poder preferente e investigue disciplinariamente a todos los funcionarios que participaron en este falso positivo, incluyendo al ministro de Defensa, Diego Molano.