Judicialización de líderes busca retorno del neoliberalismo en Latinoamérca

Uno de los casos más emblemáticos de judicialización de políticos progresistas es el encarcelamiento del ex presidente Lula Da Silva en Brasil
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Publicado: 11/07/2018 03:58 PM

Cuando se trata de defenestrar, aniquilar o eliminar los movimientos progresistas en América Latina y el Caribe muchas son las estrategias implementadas por el imperialismo estadounidense, principal interesado en coartar el surgimiento y estabilización de gobiernos progresistas a nivel mundial.

 

Habiéndose convencido que ya las invasiones militares perdieron vigencia porque el costo político es muy alto dentro de la Comunidad Internacional y que la penetración cultural como método imperial ya no abona suficientemente el terreno para realizar ese tipo de invasiones, procedieron a los golpes blandos apoyados por los grandes medios de comunicación y redes sociales como ocurrió en la primavera árabe, sin embargo en América Latina no han logrado su cometido con estas estrategias mediáticas, apoyándose ahora en la complicidad de las oligarquías internas del Poder Judicial de cada países.

 

Diferente han sido las experiencia puestas en prácticas para patentizar nuevas formas de defenestrar del poder político a los gobiernos progresistas; Venezuela les ha servido de laboratorio para experimentar métodos de asedio mediante una implacable guerra económica y financiera que busca debilitar el gobierno con el apoyo mediático y la complicidad de oligarquías suramericanas y de los grupos políticos de la derecha apátrida que aún existe dentro del territorio nacional.

 

Sin embargo, están acentuando el método de la judialización a políticos progresistas, algunos los han sacado del poder invisibilizándolos políticamente y a otros los han atacados una vez salen del gobierno, como una manera de desmoralizar el altísimo apoyo popular con el que se siguen manteniendo estos líderes, evitando que puedan retornar al poder; esto no ocurre con representantes del poder ejecutivo aliados de la derechas que aunque sus actos de corrupción y violación a las leyes han sido notorios, siguen presentándose como inocentes sin que se le abra algún procedimiento judicial.

 

La judicialización la han venido introduciendo lentamente desde que implementaron los golpes de estados parlamentarios como método de despojar a líderes progresistas del poder ejecutivo, en este orden se incluyen a Fernando Lugo de Paraguay, Dilma Rousseff de Brasil y en Venezuela que la Asamblea Nacional con mayoría opositora deliró queriendo enjuiciar al presidente como ocurrió en Paraguay y Brasil pero le salió el tiro por la culata como decimos en criollo porque nuestra Constitución hecha a los albores del progresismo no prevé semejante aberración que aún conservan algunas constituciones latinoamericanas influenciadas por ideas del imperialismo estadounidense.

 

Los casos más emblemáticos de judicialización de políticos progresistas son el encarcelamiento del ex presidente Lula Da Silva, a quien sin causa demostrada han mantenido presos solo para evitar que vuelva a ser candidato presidencial en las próximas elecciones de su país, igual ha ocurrido con la ex presidenta Cristina de Kirchner, en Argentina y hoy intentan hacerlo con el ex presidente de Ecuador Rafael Correa, dejando claro que la intención es inhabilitarlos para que no puedan competir en futuros procesos eleccionarios en sus países como ocurrió con el ex presidente Fernando Lugo de Paraguay.

 

Decimos que la judicialización ha sido solo a líderes progresistas, izquierdistas y no de la política en general porque a la par de estos hechos se observan el caso del principal cachorro del imperio, el ex presidente Pedro Pablo Kuczynski de Perú, a quien se le abrió un procedimiento por corrupción demostrada, pero éste recibió instrucciones de renunciar al poder y basto para cerrar el procedimiento, tampoco se ha encarcelado al ex presidente Álvaro Uribe de Colombia quien ha sido señalado hasta por organismos nacionales colombianos e internacionales de estar ligado a la narco política en su país, ni al presidente de facto Michel Temer que ha sido señalado por su congreso de haber cometido actos ilícitos y que por supuesto está en el poder gracias a un golpe parlamentario que es ya un delito; no menos importante es el caso del saliente presidente del Paraguay Horacio Cartes que no habiendo podido postularse al Senado de su país por prohibición expresa de la constitución lo ha hecho, sin que ello provoque algún hecho tangible en el sistema judicial para impedir semejante aberración jurídica.

 

La intención de toda esta avalancha amparada en la judicialización busca el retorno de la derecha neoliberal que desmoralice a los movimientos sociales coartando el apoyo popular a líderes progresista que han implementado verdaderos cambios democráticos en beneficio de las mayorías y del rescate del nacionalismo latinoamericano como método para la protección integral de los pobres.

 

RAFAEL SOSA

@rafaeliginio

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