Ministerio Público iniciará investigación penal por corrupción en Cúcuta

Publicado: 18/06/2019 11:57 AM

El fiscal general de la República Tarek William Saab ofreció este martes, desde el auditorio de la sede principal del Ministerio Público, una rueda de prensa para ofrecer importantes anuncios en materia de corrupción en el manejo de dinero asignado para la supuesta asistencia a ciudadanos venezolanos en Colombia.

Saab destacó que el Ministerio Público inició una investigación penal con motivo de las evidencias hechas públicas por medios internacionales y autoridades nacionales sobre hechos de corrupción en el manejo de dinero asignado para asistir a venezolanos en Colombia.

En ese sentido, la máxima autoridad fiscal aseguró que Rossana Edith Barrera Castillo y Kevin Javier Rojas Peñaloza fueron asignados por Juan Guaidó para administrar los fondos destinados a asistir a venezolanos que se encuentran en Cúcuta, y estos se apropiaron de ese dinero.

Saab agregó que esta denuncia fue hecha por el medio digital Panam Post, donde también se detalló que “estas personas falsificaron facturas para hacer ver que pagaban hoteles donde se alojaban venezolanos, las cuales en realidad eran canceladas por Acnur”.

“Además, inflaron el número de supuestos militares desertores que se encuentran en Cúcuta para justificar el despilfarro del dinero”, expresó el fiscal.

De acuerdo con la información emitida durante la rueda de prensa este dinero fue utilizado en gastos personales, alcohol, e incluso prostitutas, “y se presume que es utilizado también para financiar la desestabilización contra Venezuela”.

Así mismo, detalló que “los fondos que administran estas personas designadas por Guaidó, como sus representantes ante Colombia, son asignados desde Venezuela, por lo que corresponde a nuestra jurisdicción investigar, tanto la procedencia del dinero como su utilización”.

Por estos hechos a Rosanna Barrera y Kevin Rojas se les imputan los delitos de legitimación de capitales, corrupción y asociación para delinquir. El caso fue comisionado a los fiscales 50º nacional en materia de corrupción y 73º con competencia nacional, quienes realizaran las diligencias necesarias para recabar las evidencias de estos delitos.