MP solicitó al TSJ declarar a Voluntad Popular como organización con fines terroristas
Publicado: 25/05/2020 11:21 AM
El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, anunció la interposición ante la Sala
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia un
recurso de interpretación de los artículos 31 y 32 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia
Organizada y Financiamiento al Terrorismo, con la finalidad de conocer
si el partido político Voluntad Popular (VP) es
susceptible de responsabilidad penal y aplicación de sanciones.
En ese sentido el
máximo titular de la acción fiscal detalló que esta organización política participó
en el golpe de Estado del pasado 11 de abril del 2002, específicamente cuando
uno de sus dirigentes,
Leopoldo López, y otros personajes “salieron a la calle la mañana del 12 de abril de 2002 a apresar a miembros del Estado venezolano sin
orden judicial”.
Además, participó en acciones de que buscaban alterar
el orden público, con las llamadas guarimbas, “un embrión de guerra civil
financiado por miembros de Voluntad Popular”; durante
las cuales VP promovió la utilización de grupos de choque para generar
violencia con el reclutamiento de adolescentes y el suministro de armas y
explosivos.
Así mismo, son
responsables del cierre y colocación de obstáculos en vías de comunicación en
ciudades usando escombros, árboles, basura, alambre de púas, guayas, clavos,
aceite, entre otros para causar aislamiento territorial y escasez de productos
por la imposibilidad de su transporte.
Sumando a esto “la realización de
actos terroristas como ataques incendiarios contra centros de salud,
bibliotecas, universidades, centros deportivos, vehículos de transporte público
y edificios del Estado, Además de centros de distribución de alimentos y
medicinas, estaciones del metro, metrobús y trolebús, centros de distribución
de electricidad y agua, entre otros”, refirió el fiscal.
Saab detalló que estos mismos
actos violentos se repitieron durante el 2017, con la intención de ”generar una
guerra civil entre abril y julio de 2017, duró alrededor de 130 días y provocó
daños incalculables a la nación y enlutó a decenas de familias venezolanas, que
contaron más de 150 muertes y más de mil heridos”.
Desde el Tribunal
Supremo de Justicia el fiscal aseguró que VP y sus dirigentes con el
apoyo del gobierno de Estados Unidos
se han apropiado de dinero perteneciente al país; como “Citgo, el mayor bien del
país en el exterior; además de Monómeros Colombo Venezolanos, una
empresa petroquímica del Estado con sede en Colombia”.
En ese sentido,
explicó que con el dinero de estas empresas “financiaron una incursión
mercenaria contra nuestro territorio y buscan comprar lealtades para continuar
intentando llevarnos, incluso en plena pandemia, a una guerra civil”.
Y finalmente “sus
últimos gestos han sido presionar a AT&T para que sacara a Directv de Venezuela y pedir a los EEUU que impidiera que los tanqueros
iraníes llegaran al país para traer gasolina y aditivos”.