MP solicitó al TSJ declarar a Voluntad Popular como organización con fines terroristas

Fiscal General de la República, Tarek William Saab
Foto: Cortesía del Ministerio Público

Publicado: 25/05/2020 11:21 AM

El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, anunció la interposición ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia un recurso de interpretación de los artículos 31 y 32 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, con la finalidad de conocer si el partido político Voluntad Popular (VP) es susceptible de responsabilidad penal y aplicación de sanciones.

En ese sentido el máximo titular de la acción fiscal detalló que esta organización política participó en el golpe de Estado del pasado 11 de abril del 2002, específicamente cuando uno de sus dirigentes, Leopoldo López, y otros personajes “salieron a la calle la mañana del 12 de abril  de 2002 a apresar a miembros del Estado venezolano sin orden judicial”.

Además, participó en acciones de que buscaban alterar el orden público, con las llamadas guarimbas, “un embrión de guerra civil financiado por miembros de Voluntad Popular”; durante las cuales VP promovió la utilización de grupos de choque para generar violencia con el reclutamiento de adolescentes y el suministro de armas y explosivos.

Así mismo, son responsables del cierre y colocación de obstáculos en vías de comunicación en ciudades usando escombros, árboles, basura, alambre de púas, guayas, clavos, aceite, entre otros para causar aislamiento territorial y escasez de productos por la imposibilidad de su transporte.

Sumando a esto “la realización de actos terroristas como ataques incendiarios contra centros de salud, bibliotecas, universidades, centros deportivos, vehículos de transporte público y edificios del Estado, Además de centros de distribución de alimentos y medicinas, estaciones del metro, metrobús y trolebús, centros de distribución de electricidad y agua, entre otros”, refirió el fiscal.

Saab detalló que estos mismos actos violentos se repitieron durante el 2017, con la intención de ”generar una guerra civil entre abril y julio de 2017, duró alrededor de 130 días y provocó daños incalculables a la nación y enlutó a decenas de familias venezolanas, que contaron más de 150 muertes y más de mil heridos”.

Desde el Tribunal Supremo de Justicia el fiscal aseguró que VP y sus dirigentes con el apoyo del gobierno de Estados Unidos se han apropiado de dinero perteneciente al país; como “Citgo, el mayor bien del país en el exterior; además de Monómeros Colombo Venezolanos, una empresa petroquímica del Estado con sede en Colombia”.

En ese sentido, explicó que con el dinero de estas empresas “financiaron una incursión mercenaria contra nuestro territorio y buscan comprar lealtades para continuar intentando llevarnos, incluso en plena pandemia, a una guerra civil”.

Y finalmente “sus últimos gestos han sido presionar a AT&T para que sacara a Directv de Venezuela y pedir a los EEUU que impidiera que los tanqueros iraníes llegaran al país para traer gasolina y aditivos”.

Por ello el Ministerio Público haciendo uso de sus atribuciones solicitó a la Sala Constitucional del TSJ: Establecer el contenido y alcance de los artículos 31 y 32 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, establecer si dicha conducta es susceptible de generar, por razones de hecho y de derecho expuestas, responsabilidad en materia penal, civil o administrativa para el Partido u organización política Voluntad Popular y declarar al partido u organización política Voluntad Popular, organización criminal con fines terroristas y consecuencialmente sea disuelta en razón de lo establecido en la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones

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