Una intensa barricada: El embargo en sus notas más claras

Donald Trump, presidente de Estados Unidos (EEUU)
Foto: Internet

Publicado: 09/08/2019 09:00 AM

El lunes 5 de agosto de 2019 quedará en la historia como un día negro. Pues en esa fecha Donald Trump, en su condición de Presidente de los Estados Unidos dictó una Orden Ejecutiva que, según el medio estadounidense The Wall Street Journal, consiste en un “embargo económico total”.

Desde entonces son muchas las interpretaciones y reacciones que se vienen publicando, como el rechazo expresado por la Unión Europea o la preocupación expresada desde el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. Sin embargo, este es un tema sumamente complejo del que queremos hablar en sus notas más sencillas.

Una “intensa barricada”

La palabra “embargo” formada a partir del prefijo –in y del núcleo barricare significa impedir, es decir constituir una barricada que se dicta a fin de aislar a un Estado y situarlo en una situación interna difícil, puesto que los efectos del embargo a menudo hacen que su economía padezca.

Desde ese padecer de la economía, los efectos sociales son prácticamente inmediatos porque significa impedir las posibilidades de un país de salir al comercio, de beneficiarse de su trabajo y de disponer de sus bienes. Esto hay que entenderlo en el marco de un mundo que se encuentra interconectado y globalizado, donde los sistemas financieros ni el mundo comercial son autónomos o carentes de legalidad.

Desde una visión tan básica como la de Wikipedia, se puede ver abiertamente que “el embargo se utiliza normalmente como un castigo político por determinadas políticas” de modo que nosotros vemos este acto como la admisión abierta de que las acciones coercitivas unilaterales o sanciones son un castigo colectivo. Es importante aquí nosotros nos desprendamos de la visión jurídica del término porque no estamos hablando de una medida judicial y mucho menos de algo relacionado a guardar un bien sino de una medida destinada a impedir, a detener y a cercar.

Visto así es fácil entender que no pocos voceros internacionales o nacionales que adversan a Nicolás Maduro reconozcan que esto somete a la República a una situación sin precedentes, que debemos entender en el marco que sin este nuevo decreto ya hasta en julio de 2019 The New York Times advertía que las sanciones a Venezuela podrían ocasionar primera hambruna en América Latina.

Una situación que no se va a originar en esta orden ejecutiva sino que se va a recrudecer porque recordemos que esto ha sido un camino que hemos transitado desde hace ya varios años desde que Barack Obama iniciara a emitir órdenes ejecutivas en Venezuela.

La visión sobre que lo que puede generarse a partir de ahora puede tener el alcance de una hambruna se observa cómo no hay mayores discusiones. Esta afirmación fue retomada el día de ayer, 7 de agosto de 2019, tanto por Nicolás Maduro Moros en su condición de Presidente de la República como por Henry Falcón, candidato perdedor en los últimos comicios presidenciales. Al tiempo que esta situación ha sido advertida a los medios por analistas opositores y oficialistas.

El contenido

Ahora bien, cuando nos referimos a lo firmado el 5 de agosto de 2019, nos estamos refiriendo a la Orden Ejecutiva N° 13884 relativa al Bloqueo de propiedades del Gobierno de Venezuela, disponible en su versión en inglés en la página web de la Ofac.   Este documento fue redactado en tres secciones que podemos resumir del siguiente modo:


Sección 2. Las personasQueda suspendido el ingreso de personas que el secretario del Tesoro determine que ha ayudado materialmente, patrocinado o provisto apoyo financiero, material o tecnológico para, o bienes o servicios para o en apoyo de, cualquier persona incluida en la lista de ciudadanos designados especialmente y de personas bloqueadas, que mantiene la Oficina de Control de Activos Extranjeros, cuyas propiedades e intereses están bloqueados según esta orden-
Sección 3 Los actos prohibidos(a) la formulación de cualquier pago o suministro de fondos, bienes, o servicios de, a, o en beneficio de cualquier persona cuya propiedad e intereses están bloqueados de acuerdo con este decreto y   (b) el recibo de cualquier contribución o suministro de fondos, bienes o servicios por parte de tal persona.

Es fundamental aclarar que la Orden Ejecutiva N° 13884 insiste en determinar que estos bienes serían propiedad del gobierno lo que en Venezuela no es posible, en tanto, el gobierno no tiene ni personalidad jurídica ni patrimonio pues los funcionarios actúan a nombre del Estado y administran sus bienes. Por ende son los bienes de la República.

Del mismo modo, es importante que nosotros observemos que en la redacción las personas que serán visadas por la Orden no son las que a futuro colaboren con la República sino todas aquellas que se considere que lo hayan hecho, sin limites que determinen el tiempo en el que esto ocurrió. Pudiendo englobarse -o no- cualquier persona que haya recibido divisas del Estado venezolano para la compra de bienes y servicios.

Ahora bien, lo fundamental de la Orden no está en la toma de los bienes venezolanos en Estados Unidos sino en la amenaza a todos los que han “ayudado materialmente, patrocinado o provisto apoyo financiero, material o tecnológico para, o bienes o servicios para o en apoyo de, cualquier persona incluida en la lista de ciudadanos designados especialmente y de personas bloqueadas” porque esto es un llamado a abstenerse de comerciar con Venezuela y aquí esto ha sido tomado como una amenaza directa hacia otros Estados, en especial hacia Rusia y China.

De igual forma debemos recordar que el grueso de los bienes de Venezuela en Estados Unidos han sido objeto del fraudulento juicio iniciado por Cristallex así como ya habían sido repartidos. Aquí, nuevamente el detalle de precisar que se refieren a bienes del gobierno dejan la duda cuál es la postura sobre los bienes que le asignaron a Guaidó en tanto este es el gobierno que ellos reconocen.

Recordamos en esto que las amenazas contra los socios de Venezuela influyó marcadamente en la decisión de la India de disminuir la compra de petróleo venezolano cuando, tras las sanciones, aseguraba que las ampliaría. A esto, algunos analistas lo denominan efectos indirectos. Lo que no debe confundirse con efectos indeseados porque es precisamente el llamado a la abstención el contenido central de esta orden.

Es en este sentido que se pronunció Rusia y declaró que estas acciones constituyen terrorismo económico así como han recordado que ningún país tiene derecho a dictar su voluntad a otros mediante represiones económicas y han pedido a EE.UU. renunciar a las “sanciones ilegítimas y a las barreras y restricciones políticamente motivadas”.

Sobre la efectividad de este llamado, a esta coacción, sobre Rusia y China, es importante que nosotros observemos que estos son países que en el presente tienen sus propios conflictos con USA, estando Rusia sancionada y China en medio de una guerra comercial con Washington.

Un acto antipolítico

Con estos hechos nosotros evidenciamos cómo se configura una acción en contra de las normas de las Naciones Unidas, que compromete el bienestar de una población sobre la base a negar su autodeterminación. Es importante que en esto se valore que hasta este momento, la voluntad mayoritaria del país es la solución pacífica, mediante el diálogo, de su conflicto interno así como que observemos cómo esta nueva Orden Ejecutiva ha sido acompañada por amenazas que abiertamente señalan que el tiempo del diálogo concluyó.

De este modo, se dinamita tanto los principios de independencia y soberanía como la máxima de que en todos los conflictos debe propenderse a que la solución se logre mediante mecanismos de resolución pacífica.

Debiendo observar que, tras este anuncio fue publicado un comunicado oficial del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela en el que se señaló que “el Presidente Nicolás Maduro Moros ha decidido no enviar a la delegación venezolana en esta oportunidad (…) Venezuela se dispone a revisar los mecanismos de ese proceso a fin de que su continuación sea realmente efectiva y armónica con los intereses de nuestro pueblo.”

Con lo que se observa que este incremento de las tensiones pone a Venezuela en momento definitorio, en el que debe primar la voluntad de la resolución política y nacional del conflicto y valorar que esta acción constituye la afronta más grave que haya recibido la República.

Es importante ver cómo el comunicado concluye afirmando que el gobierno revisará los mecanismos y recordar que a lo largo de la historia, los procesos de diálogo, han enfrentado dificultades así como que la postura de la Revolución no ha variado en tanto ha señalado que sostendrá dentro de la Constitución todos los escenarios de diálogo.

Existe entonces en el acto del gobierno una denuncia sobre que esta actitud rompe las premisas constitucionales y los límites de un conflicto político, en tanto, jugar con la existencia de la República, con la independencia de ella o con la posibilidad de garantizar derechos es actuar de espalda no tan sólo a la Constitución sino a los sustentos de nuestra nacionalidad.

En las ciencias sociales ni en la realidad es posible determinar cuál será la conclusión final de este escenario pero sin duda son tiempos tensos para la República pues claramente estamos siendo la arena de los conflictos geopolíticos que se viven como consecuencia de la decadencia de Estados Unidos y el afianzamiento de otras alternativas como verdaderos gigantes del plano mundial.

ANA CRISTINA BRACHO

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