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Venezuela enaltece Derecho Internacional ante arremetida de Duque y Cidh para complacer al imperio

Publicado: 6 de febrero de 2020 a las 14:34 | Última actualización: 6 de febrero de 2020 a las 14:57

"El problema se presenta porque el presidente colombiano Iván Duque, no aplicó los protocolos respectivos en el caso del rompimiento de relaciones diplomáticas con  Venezuela" "El problema se presenta porque el presidente colombiano Iván Duque, no aplicó los protocolos respectivos en el caso del rompimiento de relaciones diplomáticas con  Venezuela"

"El problema se presenta porque el presidente colombiano Iván Duque, no aplicó los protocolos respectivos en el caso del rompimiento de relaciones diplomáticas con Venezuela"
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La CIDH, brazo ejecutor de las infamias de la OEA en materia de Derechos humanos, y el Presidente de Colombia Iván Duque estarían actuando fuera del marco legal internacional al pretender ejercer acciones de supervisión y solicitud de extradición fuera de lo que establece el Derecho Internacional Público.

 

Las pretensiones del presidente colombiano al solicitar al Diputado Guaido, la extradición de la Exsenadora Aída Merlano capturada en Venezuela previa solicitud de Interpol, no es desconocimiento de la norma, sino una acción premeditada que busca dar reconocimiento tácito y beligerancia  jurídica al ciudadano que ellos dicen ser el presidente de Venezuela.

 

Respecto a la acción de extradición de ciudadanos colombianos que autoridades legitimas venezolanas en estricto cumplimiento de los protocolos internacionales y la debida cooperación para con la justicia de cualquier país acostumbrada a dar por parte del gobierno bolivariano, ha llevado a la aprehensión de más de 30 ciudadanos que se encuentran requeridos por la justicia colombiana y que violando además las leyes internas venezolanas han ingresado y causado daños en la República, se ha suscitado varias desavenencias.

 

Según protocolos internacionales y acuerdos suscritos entre ambos Estados, los ciudadanos extranjeros detenidos sobre quienes haya una solicitud de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), deben ser extraditados para ser juzgados en su país natal; pero sin embargo, actualmente el gobierno colombiano ha desactivado cualquier mecanismo de relacionamiento político-jurídico con las autoridades de Venezuela, lo cual se constituye en inobservancia de normas del Derecho Diplomático común a todos los gobiernos que hayan suscrito la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961.

 

El problema se presenta porque el presidente colombiano Iván Duque, no aplicó los protocolos respectivos en el caso del rompimiento de relaciones diplomáticas con  Venezuela, es decir, si el decidió romper relaciones por los motivos que consideró conveniente, sus asesores debían decirle que existen normas que en función de proteger los derechos de sus ciudadanos que se encuentran en el país con el cual se rompe relaciones, deben mantenerse o ponerse en practica.

 

De esta manera, al retirar su personal diplomático, debe nombrar un representante para que con la contraparte del país desde donde se retira ese personal,  negocien de acuerdo a los mecanismos establecidos en a Carta de la ONU una posible solución, que de no encontrarse, debía el gobierno de Colombia nombrar a un tercer país para que se encargue de los asuntos que aun estando en Guerra si fuese el caso, deben seguir manteniéndose atendidos, como es el caso de los requerimientos de los más de 4 millones de colombianos que se encuentran en Venezuela y de los venezolanos que se encuentran en Colombia.

 

Similar importancia ha de darsele al nuevo atropello a la norma internacional impulsado por la mano cuasi invisible de Luis Almagro, quien sigilosamente alienta  que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH, como organismo auxiliar de la OEA, realizara una visita a Venezuela por invitación de quienes ellos de manera unilateral consideran autoridad en Venezuela.

 

En este sentido, pare que olvidaron que siendo la CIDH un órgano auxiliar de la OEA y no formando parte de ese ministerio de las colonias nuestro país por haberse retirado en abril de 2019 según los protocolos establecidos en la propia carta de la OEA, entonces no puede y no debe ningún ciudadano venir en representación de esa organización de Derechos Humanos a realizar visitas oficiales al territorio bolivariano, dado que sus decisiones carecen de efectos jurídicos para con Venezuela, no son vinculantes, además de ser del todo conocido que ellos actúan a solicitud o mandato del gobierno de USA, como lo hace Luis Almagro Secretario General de la OEA.

 

Se volvieron a equivocar, en Venezuela las instituciones que dirigen la política exterior funcionan plenamente, pues en ellas hay gente patriota con conocimientos académicos y una basta experiencia diplomática, para ser tomado por incautos como se pretendía, conocemos bien las normas del Derecho Internacional Público que estamos obligados a cumplir y cuales ya no demos cumplir, en estricto apego a la ciencia de las relaciones internacionales.

 

 

RAFAEL SOSA VARGUILLA


@rafaeliginio

 

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